La Municipalidad Metropolitana de Lima inició nuevas acciones judiciales para cuestionar decisiones relacionadas con el conflicto con Rutas de Lima. La comuna presentó sus argumentos ante una corte federal de Estados Unidos para solicitar la nulidad de un laudo arbitral y prepara además una acción de amparo en Perú.

La Procuraduría de la Municipalidad participó junto con el estudio jurídico que representa a la comuna en una audiencia ante la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en Washington. Allí sostuvo el pedido para dejar sin efecto el laudo arbitral y cuestionó, entre otros aspectos, la actuación de la defensa contratada durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. La causa todavía está pendiente de resolución.

En paralelo, la Municipalidad anunció que prepara una acción de amparo contra una resolución de la Primera Sala Comercial de Lima que reconoció en el país un laudo arbitral emitido en 2020. La comuna cuestiona los fundamentos de esa decisión y sostiene que existen aspectos que, a su criterio, afectan principios constitucionales. El recurso será presentado dentro de los plazos establecidos por la Justicia peruana.

El conflicto entre Lima y Rutas de Lima se desarrolla desde hace varios años y abarca distintos procesos arbitrales relacionados con el contrato de concesión. En el último laudo parcial, emitido en junio de 2026, el tribunal consideró que la Municipalidad incumplió el contrato al disponer su terminación unilateral en 2023. También estableció responsabilidades de ambas partes por la demora en la entrega de terrenos para el tramo de la avenida Ramiro Prialé, mientras que el monto de una eventual compensación todavía debe determinarse.

La Municipalidad sostiene que continuará utilizando las vías legales disponibles tanto en Perú como en Estados Unidos. Por el momento, ninguna de las acciones anunciadas garantiza la anulación de los laudos cuestionados: los procedimientos deberán ser analizados y resueltos por las respectivas autoridades judiciales. El conflicto continúa abierto y podría derivar en nuevas decisiones sobre el contrato de concesión y las obligaciones económicas entre las partes.