Perú cuenta con 13,76 millones de viviendas particulares, pero apenas el 3,3% tiene un seguro que las proteja frente a riesgos como terremotos, incendios, inundaciones o robos.

El crecimiento del patrimonio inmobiliario no estuvo acompañado por un aumento similar de la protección. El número de viviendas pasó de 10,1 millones en 2017 a 13,76 millones en 2025, pero una gran parte de esos inmuebles permanece sin cobertura. Ante un terremoto de gran magnitud, miles de familias podrían enfrentar daños severos sin contar con recursos suficientes para reconstruir sus viviendas.

Uno de los principales problemas es que muchas familias consideran el seguro como una obligación asociada al crédito hipotecario y no como una herramienta permanente de protección. El 88% de las pólizas de hogar está vinculado a una hipoteca y solo el 12% continúa vigente después de que el propietario termina de pagar el préstamo.

Un seguro de vivienda puede cubrir la estructura del inmueble y los bienes que se encuentran en su interior, además de responsabilidad civil, retiro de escombros, alojamiento temporal y asistencia ante emergencias, dependiendo de las condiciones contratadas. De esta manera, permite reducir el impacto económico que tendría una pérdida importante.

Entre las razones que explican la baja contratación aparecen la limitada educación financiera, el desconocimiento de las coberturas y la percepción de que el seguro representa un gasto innecesario. También influye la tendencia a subestimar riesgos que pueden ocurrir con poca frecuencia, pero que provocarían pérdidas económicas muy importantes.

La falta de seguros también tiene consecuencias para el conjunto del país. Después de un gran desastre, las familias sin cobertura deben recurrir a sus propios ahorros, endeudarse o depender de la asistencia pública para recuperar sus viviendas. Ampliar el aseguramiento permitiría distribuir parte de ese riesgo y acelerar la recuperación económica después de un terremoto de gran magnitud.