La aprobación de una nueva ley en Perú generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten que la medida podría afectar el acceso a la justicia en casos relacionados con posibles abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La norma modifica disposiciones del sistema penal militar y policial, permitiendo que determinados casos sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando existan víctimas civiles.

Según las críticas planteadas, el traslado de estas investigaciones podría afectar la independencia de los procesos judiciales y dificultar que las víctimas de posibles violaciones a los derechos humanos accedan a la verdad, la justicia y la reparación correspondiente.

La medida genera especial preocupación por su posible aplicación en causas que ya se encuentran en trámite, algunas de ellas con avances judiciales previos. Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que la reforma representa un retroceso en las garantías de protección para las víctimas.

El debate se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia en Perú y sobre la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan investigar y sancionar de manera efectiva los abusos de poder y el uso indebido de la fuerza estatal.