Pese a la caída de la fecundidad general en el país, cientos de niñas menores de 14 años continúan dando a luz cada año en Perú, en un contexto marcado por violencia sexual, desigualdad territorial y fallas en la protección estatal.

El embarazo infantil sigue siendo una de las expresiones más graves de vulneración de derechos en el país. En lo que va de 2026, al menos 784 niñas menores de 14 años han dado a luz, mientras que en 2025 se registraron 992 casos y en 2024 otros 1.075, cifras que evidencian la persistencia del problema pese a los marcos legales de protección.

En Perú, las relaciones sexuales con menores de 14 años son consideradas delito sin excepción, ya que no existe validez legal del consentimiento. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas advierten que muchas víctimas no acceden a una atención integral efectiva ni a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.

Las brechas territoriales profundizan el problema. Las regiones rurales y amazónicas concentran los mayores índices de embarazo adolescente e infantil, asociados a pobreza, limitada presencia del Estado y altos niveles de violencia sexual. En comunidades indígenas, organizaciones de mujeres han denunciado casos reiterados de agresiones contra escolares sin una respuesta institucional suficiente.

Organismos internacionales y expertos en salud pública coinciden en que se requieren políticas más integrales y focalizadas, que incluyan educación sexual, prevención de la violencia de género, acceso garantizado a servicios de salud y fortalecimiento de la justicia. Sin estas medidas, advierten, la maternidad forzada seguirá afectando el proyecto de vida de miles de niñas en el país.