La política peruana llega a un punto de alta incertidumbre electoral, en un contexto donde la desconfianza ciudadana y la percepción de corrupción marcan la agenda pública.

Una encuesta muestra que la corrupción es vista como el principal problema del país, desplazando a otras preocupaciones como la inseguridad o la situación económica. Este malestar generalizado influye directamente en la evaluación de los candidatos y en la forma en que se configura la competencia electoral.

De cara a un eventual balotaje, el panorama aparece completamente abierto. Ninguno de los postulantes logra despegar claramente del resto, y las diferencias en intención de voto son mínimas, lo que impide anticipar un favorito definido.

El resultado es un escenario fragmentado, con una ciudadanía dividida y aún indecisa, en medio de un clima político dominado por la desconfianza hacia las instituciones y el desgaste de la clase dirigente.