El Juzgado Supremo Unipersonal condenó el martes 7 de abril al presidente del Congreso y candidato al Senado por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada en agravio de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. La jueza Norma Carbajal determinó que Rospigliosi abusó de su derecho a la libertad de expresión al calificar a Espinoza como ‘aliada del terrorismo y de las economías ilegales’ en publicaciones de redes sociales del 7 de julio de 2025, sin pruebas y sin rectificación posterior. La sentencia incluye además el pago de una reparación civil de S/ 200.000 a favor de la querellante y una multa de S/ 62.400.

La jueza fundamentó el fallo señalando que las expresiones del congresista tuvieron ‘desproporción evidente’ y carácter ofensivo indudable, que los señalamientos posteriores —incluidos los calificativos ‘proterrorista’ y ‘desquiciada’ emitidos en programas de televisión en septiembre de 2025— configuraron afirmaciones con ‘base fáctica mínima’ y sin sustento suficiente, y que la amplia difusión de esas declaraciones en redes sociales derivó en una ‘afectación grave del derecho al honor de la querellante’. La lectura íntegra de la sentencia está programada para el 15 de abril, tres días después de las elecciones.

Rospigliosi reaccionó a través de X repitiendo los mismos calificativos por los que fue condenado y calificando el fallo como un intento de ‘silenciar’ las críticas al sistema judicial. Fuerza Popular emitió un comunicado calificando la sentencia como ‘persecución a la democracia’. Pese al impacto político del fallo, especialistas en derecho electoral señalaron que la condena —al ser de primera instancia y no encontrarse firme— no constituye causal de exclusión de la candidatura de Rospigliosi al Senado, de acuerdo con el artículo 43 del reglamento del JNE.

El caso abre un debate de fondo sobre los límites de la libertad de expresión de los legisladores en el Perú. El artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas no son responsables por las opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones, argumento que la defensa de Rospigliosi planteó sin éxito ante el tribunal. La sentencia llegó en el peor momento político posible para Fuerza Popular: a cinco días de las elecciones generales en las que Keiko Fujimori lidera las encuestas como favorita para pasar a la segunda vuelta.