Tras la captura de Abimael Guzmán en 1992 y el debilitamiento del grupo terrorista, el enfoque firme del Estado marcó un punto de inflexión; hoy, en un contexto de inestabilidad, resurgen discusiones sobre aquel modelo y su impacto en la seguridad del país. 

En los últimos días, el debate sobre la seguridad en el Perú volvió a poner en primer plano las políticas aplicadas durante la década de 1990, particularmente aquellas impulsadas bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Para muchos sectores, ese período representó un quiebre frente a años de violencia interna que habían puesto en jaque al Estado.

La captura de Guzmán en 1992 fue uno de los hitos más significativos de esa etapa. A partir de entonces, la estructura de Sendero Luminoso comenzó a debilitarse de manera sostenida, lo que permitió recuperar progresivamente el control territorial y reducir los niveles de violencia que afectaban a amplias zonas del país.

Ese proceso no fue interpretado como un hecho aislado, sino como el resultado de una estrategia estatal que priorizó la lucha contra el terrorismo como eje central de gobierno. En ese marco, se implementaron políticas de seguridad que marcaron una nueva etapa en la relación entre el Estado y la amenaza subversiva.

Sin embargo, décadas después, distintos actores políticos y sociales advierten sobre un escenario de creciente inestabilidad que, según sostienen, podría estar erosionando parte de los avances logrados en aquel entonces. La percepción de inseguridad y el debate sobre la capacidad del Estado para responder a nuevos desafíos vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.

En este contexto, el llamado “legado fujimorista” reaparece como punto de referencia —y también de discusión— sobre qué modelo de seguridad necesita hoy el Perú, en un escenario muy distinto pero atravesado por preocupaciones que, para muchos, remiten a viejos temores.