Perú, Chile y Argentina alistan una nueva cartera de licitaciones de infraestructura por varios miles de millones de dólares para el segundo trimestre del año, en un contexto regional marcado por la necesidad de reactivar inversiones y enfrentar presiones económicas globales. Los proyectos abarcan desde obras de agua y saneamiento hasta concesiones viales y desarrollos de transporte urbano, consolidando oportunidades para el sector privado en América Latina.
En el caso peruano, la agencia ProInversión prevé adjudicar dos proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP). Entre ellos destaca la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca, valorizada en US$115 millones, y un ambicioso proyecto de abastecimiento de agua potable para Lima por US$696 millones, que incluye una planta, ductos y reservorios. Estas iniciativas avanzan en medio de un escenario político incierto, previo a las elecciones generales.
Pese a la inestabilidad institucional, los principales candidatos presidenciales coinciden en reforzar mecanismos como las APP y las obras por impuestos, con el objetivo de mantener el flujo de inversión y posicionar al país como un eje logístico y portuario en la región. Esta continuidad en la política económica busca dar señales de estabilidad a los inversionistas.
En Chile, el nuevo gobierno evalúa ajustes a la cartera de concesiones heredada, aunque mantiene en agenda proyectos relevantes como la ampliación del penal Santiago 1, valorizada en US$175 millones, y la segunda concesión del tramo Collipulli–Temuco de la Ruta 5, por US$621 millones. Además, el Ministerio de Obras Públicas contempla licitar cientos de contratos en las próximas semanas, lo que refleja un fuerte dinamismo en el sector.
Por su parte, Argentina combina proyectos de infraestructura vial y de transporte urbano, incluyendo carreteras y sistemas de metro, en un contexto económico más complejo. En conjunto, los tres países buscan sostener el desarrollo de infraestructura como motor de crecimiento, pese a un escenario internacional tensionado por el alza de costos energéticos y logísticos.





