La estatal petrolera oficializó a Roger Arévalo como titular de su directorio en un momento crítico, mientras el Gobierno evalúa un salvataje que podría superar los 2.000 millones de dólares para evitar su colapso financiero.

La empresa estatal Petroperú atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, marcado por cambios en su cúpula directiva y una crisis de liquidez que amenaza su continuidad operativa. En este contexto, la Junta General de Accionistas formalizó la designación de Roger Arévalo como nuevo presidente del directorio, en reemplazo de una gestión que culminó en medio de cuestionamientos y urgencias financieras.

El relevo se produce en un escenario de alta inestabilidad institucional dentro de la compañía, que en los últimos años ha registrado constantes cambios en su dirección y un deterioro sostenido de sus indicadores económicos. La situación ha llevado a que incluso se evalúe la paralización de algunas operaciones ante la falta de recursos para sostenerlas, reflejando la gravedad del problema que enfrenta la petrolera estatal.

Uno de los principales focos de preocupación es el nivel de pérdidas acumuladas, que ha colocado a Petroperú cerca del límite legal que obligaría a su intervención o eventual liquidación. Actualmente, su ratio patrimonial se encuentra peligrosamente próximo al umbral crítico establecido por ley, lo que ha encendido las alertas en el Ejecutivo y en el mercado.

Frente a este panorama, el Ministerio de Economía y Finanzas viene evaluando un rescate financiero de gran magnitud. Aunque inicialmente se consideró un apoyo menor, las últimas discusiones apuntan a una inyección de hasta 2.000 millones de dólares, monto que permitiría aliviar la presión sobre las finanzas de la empresa y evitar su insolvencia en el corto plazo.

Sin embargo, la posibilidad de un nuevo salvataje ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad de Petroperú y el uso de recursos públicos para mantenerla a flote. Especialistas advierten que, sin reformas estructurales profundas en su gestión, cualquier inyección de capital podría resultar insuficiente, prolongando una crisis que ya arrastra varios años y que sigue generando incertidumbre en el sector energético peruano.