Durante el debate presidencial, la candidata dejó en claro su postura frente a la inseguridad y no descartó medidas drásticas: sostuvo que, si es necesario para enfrentar el crimen, Perú podría retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La postura de Keiko Fujimori no es nueva dentro de su trayectoria política. En anteriores procesos electorales, la líder de Fuerza Popular ya había planteado estrategias de endurecimiento penal, incluyendo el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y reformas en el sistema judicial. En esta oportunidad, sin embargo, el discurso incorpora un tono más confrontativo frente a organismos internacionales.

El planteo sobre una eventual salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre un debate sensible en el país. Perú forma parte del sistema interamericano desde hace décadas, y sus fallos han sido determinantes en casos emblemáticos vinculados a derechos humanos. Una decisión de ese tipo implicaría no sólo un cambio jurídico profundo, sino también un reposicionamiento en la política exterior peruana.

En paralelo, especialistas en seguridad advierten que el combate al crimen organizado requiere estrategias integrales que excedan el endurecimiento de penas. Factores como la inteligencia policial, la coordinación entre instituciones y las políticas de prevención aparecen como claves para abordar un fenómeno cada vez más complejo y extendido en la región.

Así, el planteo de Fujimori se inserta en una discusión más amplia sobre cómo enfrentar la inseguridad sin desatender compromisos internacionales ni garantías fundamentales. En un contexto de alta demanda social por respuestas rápidas, el desafío para la dirigencia política será encontrar un equilibrio entre firmeza, legalidad y efectividad en las políticas públicas.