El fiscal de la Nación sostuvo que el Parlamento ha cometido fallas al legislar en materia penal, aunque descartó que las normas aprobadas favorezcan directamente a la delincuencia.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció sobre el debate en torno a las llamadas “leyes procrimen” y buscó matizar la crítica contra el Congreso. Si bien reconoció que el Parlamento ha incurrido en errores al momento de legislar, insistió en que no se puede afirmar que exista una intención deliberada de beneficiar a organizaciones delictivas.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público planteó que el problema radica más en deficiencias técnicas y decisiones apresuradas que en una estrategia política orientada a debilitar la lucha contra el crimen. No obstante, admitió que dichas falencias deben ser corregidas con urgencia para evitar efectos negativos en la persecución penal.

Uno de los puntos que generó mayor cuestionamiento fue la exigencia de que el abogado del investigado esté presente durante los allanamientos. Según Gálvez, esta disposición podría entorpecer las diligencias fiscales, especialmente en situaciones de urgencia, donde el tiempo es clave para asegurar evidencias.

Asimismo, el fiscal expresó una postura crítica frente a la prisión preventiva, señalando que no es una herramienta efectiva para combatir la delincuencia. En su opinión, el sistema debería enfocarse más en investigaciones patrimoniales que permitan atacar el móvil económico de los delitos, especialmente en casos de corrupción.

Las declaraciones de Gálvez se dan en un contexto de fuerte cuestionamiento al Congreso por normas que, según diversos sectores, han debilitado la lucha contra el crimen organizado. El debate sigue abierto y evidencia la tensión entre el sistema de justicia y el poder legislativo en medio de una creciente preocupación por la inseguridad en el país.