Una investigación periodística reveló que una exalumna del actual presidente José María Balcázar habría recibido un contrato estatal apenas horas después de reunirse con él cuando era congresista, en un caso que reaviva dudas sobre ética y favoritismos en el entorno político del país.

En los últimos días se conoció que Carla Bustíos, quien fue exalumna y asesora de tesis del presidente José María Balcázar en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, obtuvo una orden de servicio por S/16,000 apenas 24 horas después de visitarlo en su despacho congresal en agosto de 2021, según una investigación periodística.

La rapidez con la que se tramitó ese contrato estatal ha generado cuestionamientos, pues no suele ser común que una orden de servicio se autorice en tan poco tiempo, sobre todo cuando involucra a personas cercanas al manejo legislativo o ejecutivo.

Además de este caso, informes posteriores señalan que Balcázar también impulsó leyes que habrían beneficiado directamente a su hijo, lo que incrementa las sospechas sobre posibles conflictos de interés y un patrón de decisiones que favorecen a su entorno familiar o académico.

La situación ha encendido debates en el Congreso y en redes sociales, con varios sectores pidiendo una investigación más profunda para determinar si hubo uso de influencias indebidas por parte del entonces legislador Balcázar.

Mientras tanto, partidarios del presidente sostienen que las acciones fueron legales y se ajustaron a los procedimientos vigentes, aunque reconocen que la percepción pública es delicada y podría afectar la imagen de su gestión.