La PCM se pronunció sobre el proceso judicial relacionado con la empresa operadora del terminal portuario de Chancay y advirtió que defenderá las competencias regulatorias del Estado.

La Presidencia del Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento oficial respecto al proceso judicial que involucra a la empresa a cargo del terminal portuario de Chancay, una de las infraestructuras más ambiciosas del país en los últimos años. Desde el Ejecutivo remarcaron que el Perú mantiene una política clara de respeto a la inversión privada, pero siempre dentro del marco legal vigente.

El Gobierno precisó que la economía social de mercado garantiza la iniciativa privada, aunque también establece obligaciones regulatorias que deben cumplirse. En ese sentido, subrayó que ningún proyecto estratégico puede quedar al margen de la supervisión del Estado cuando se trata de temas vinculados a transporte, comercio exterior y seguridad.

La controversia gira en torno a una resolución judicial que podría limitar el alcance de la supervisión técnica y económica sobre el terminal portuario. Para el Ejecutivo, este punto resulta clave, ya que la regulación busca asegurar condiciones de competencia, transparencia y sostenibilidad.

Desde la PCM recalcaron que el desarrollo del puerto de Chancay es fundamental para consolidar al Perú como un hub logístico en el Pacífico sudamericano. Sin embargo, insistieron en que el crecimiento debe ir de la mano con reglas claras y el respeto a las competencias institucionales.

Finalmente, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de adoptar acciones legales si se considera que la sentencia afecta las facultades del Estado. El mensaje apunta a garantizar estabilidad jurídica sin debilitar la capacidad regulatoria nacional.