El Gobierno promulgó una norma que endurece las sanciones contra la contaminación de ríos y quebradas, imponiendo penas de prisión para quienes arrojen residuos sólidos en estos espacios naturales.

La ley establece que arrojar basura en cauces de agua ya no será solo una infracción administrativa, sino un delito penal con condenas que pueden llegar hasta los seis años de cárcel en los casos más graves. Las autoridades señalaron que esta medida busca frenar la contaminación que afecta a comunidades enteras y compromete la salud pública.

Uno de los puntos centrales de la norma es la penalización del uso de maquinaria pesada, como volquetes o cargadores, para descargar residuos en ríos o zonas protegidas. De cometerse este acto, la pena se agrava y puede incluir la inhabilitación para actividades comerciales o industriales relacionadas.

El Ejecutivo resaltó que esta ley responde a reclamos constantes de poblaciones afectadas por la acumulación de desechos en zonas rurales y urbanas, donde la falta de control ha generado focos infecciosos y deterioro ambiental.

Diversas organizaciones ambientales saludaron la decisión y señalaron que ahora el reto será asegurar una fiscalización efectiva y coordinada con municipios, gobiernos regionales y el Poder Judicial.