El presidente José Jerí confirmó que la ampliación del registro no superará los dos años y negó la posibilidad de reinsertar masivamente a exmineros excluidos en etapas anteriores.

El mandatario anunció que la extensión del Registro Integral de Formalización Minera será más corta de lo previsto, descartando cualquier ampliación que se acerque a los dos años. Según explicó, la prórroga debe ser estricta y excepcional para evitar que se perpetúe la informalidad.

Además, Jerí negó que los cerca de 50.000 mineros retirados del registro en gestiones previas puedan volver de manera automática. Aclaró que solo se evaluarán casos puntuales, con criterios técnicos y ambientales que impidan un retroceso en el proceso de formalización.

El anuncio generó expectativa en las regiones donde la minería artesanal es uno de los principales medios de subsistencia. Diversos sectores advierten que las restricciones podrían dejar fuera del sistema formal a miles de trabajadores que dependen de la actividad para sostener a sus familias.

Para el Ejecutivo, mantener filtros estrictos es clave para impedir un descontrol que derive en daños ambientales, evasión tributaria o el avance de economías ilegales asociadas a la minería informal. Subrayan que la formalización debe avanzar sin ceder ante presiones corporativas.

El Congreso deberá definir en los próximos días la normativa final, mientras organizaciones mineras, autoridades locales y gremios empresariales presionan para que la ley contemple un equilibrio entre exigencias ambientales y oportunidades laborales.