El Gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo adicional de 30 días, en respuesta al incremento de hechos delictivos y la presencia de organizaciones criminales en puntos críticos de ambas jurisdicciones. La norma entrará en vigencia desde el 21 de noviembre y forma parte de una estrategia que busca reforzar el control territorial con medidas excepcionales.

Durante la vigencia de esta prórroga, la Policía Nacional asumirá la responsabilidad directa del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores puntuales de patrullaje y disuasión. El Ejecutivo explicó que la decisión se basa en reportes de inteligencia y mapas de riesgo que evidencian la necesidad de mantener la intervención conjunta.

Una de las disposiciones más relevantes es la regulación de actividades masivas, las cuales deberán contar con autorización previa para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad pública. En cambio, las actividades no masivas podrán desarrollarse sin trámites adicionales, siempre que cumplan las normas establecidas para el periodo de excepción.

La medida busca sostener la tendencia de reducción de delitos violentos y continuar con las intervenciones que se realizan en zonas vulnerables, como operativos en penales, allanamientos y ampliación de patrullajes. Las autoridades han señalado que, pese a algunos avances, el nivel de amenaza criminal sigue siendo alto y requiere acciones continuas.

El Gobierno destacó que la coordinación con municipalidades y otras entidades será clave para garantizar que la ampliación del estado de emergencia tenga impacto real en la seguridad de los ciudadanos. El seguimiento de los resultados, tanto en calles como en instituciones, será parte de la evaluación que determinará nuevas acciones en las próximas semanas.