Tras más de seis semanas de parálisis, la medida permite reactivar servicios públicos afectados y abre interrogantes sobre la estabilidad política del país norteamericano.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó finalmente la ley que permite reabrir el gobierno federal tras un cierre que superó las seis semanas, convirtiéndose en el más extenso de la historia del país. La firma fue recibida con alivio por millones de trabajadores que habían sido enviados a casa o laboraban sin remuneración.

La paralización, derivada de un desacuerdo presupuestario entre la Casa Blanca y el Congreso, afectó a agencias clave, retrasó trámites migratorios, frenó inspecciones de seguridad y paralizó instituciones científicas. Diversos estados reportaron pérdidas económicas y una caída en la calidad de los servicios básicos.

El acuerdo alcanzado permite que las agencias vuelvan a operar, aunque solo por un periodo temporal. Legisladores demócratas y republicanos reconocieron que la prórroga da un respiro, pero advierten que las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso podrían reactivarse cuando se discuta el presupuesto de largo plazo.

Para analistas internacionales, este episodio revela un deterioro persistente en el clima político de Estados Unidos y un aumento de la polarización. Además, señalan que la crisis podría impactar la credibilidad global del país, especialmente en momentos donde Washington necesita mantener liderazgo internacional.

Mientras tanto, los trabajadores federales retomaron sus actividades con una mezcla de alivio y preocupación. Aunque la reapertura marca un avance, el temor a un nuevo cierre sigue latente, pues los desacuerdos políticos que originaron la crisis continúan sin resolución definitiva.