El Gobierno promueve un nuevo modelo para atraer inversión, pero especialistas sostienen que aún faltan reformas, infraestructura y estabilidad para consolidar el proyecto.

El Perú ha puesto sobre la mesa una ambiciosa apuesta: impulsar zonas económicas privadas como una estrategia para posicionarse como un hub industrial competitivo en la región. La propuesta, promovida por el Ejecutivo, busca atraer empresas mediante regímenes con incentivos tributarios, facilidades logísticas y un marco regulatorio más ágil.

El modelo plantea que estas zonas sean administradas por inversionistas privados, a diferencia de las zonas económicas tradicionales gestionadas por el Estado. Según las autoridades, esto permitiría mayor rapidez en la ejecución de proyectos y una mejor vinculación con operadores especializados. Sin embargo, el desafío es asegurar reglas claras que eviten conflictos de intereses o distorsiones en el mercado.

Expertos del sector industrial señalan que la iniciativa tiene potencial, pero advierten que el país aún enfrenta brechas estructurales: carreteras insuficientes, puertos congestionados, costos logísticos altos y trámites aún complejos. Sin resolver estos puntos, dicen, será difícil competir con mercados como Chile, Colombia o México.

Otro tema clave es la estabilidad jurídica. Inversionistas consultados por distintos gremios empresariales precisan que la seguridad regulatoria es determinante para apostar por proyectos de largo plazo. Los cambios normativos frecuentes en el Perú generan incertidumbre y podrían limitar la llegada de grandes operadores internacionales.

Pese a estas dificultades, el sector empresarial observa con interés el desarrollo del proyecto. Si las zonas económicas privadas logran consolidarse, podrían convertirse en un nuevo motor de empleo, innovación y exportaciones. El reto será transformar la iniciativa en políticas consistentes y sostenibles en el tiempo.