Más de 120 personas murieron durante un megaoperativo en Río de Janeiro, lo que desató la indignación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario pidió esclarecer los hechos y reabrir el debate sobre el uso de la fuerza en Brasil, donde las favelas siguen siendo el epicentro de la violencia y la desigualdad.

Brasil vuelve a enfrentarse a uno de sus fantasmas más persistentes: la violencia institucional. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “masacre” el operativo policial realizado en Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos en distintas zonas de la ciudad. Según las autoridades locales, la intervención buscaba desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, los altos niveles de letalidad generaron cuestionamientos sobre los límites del uso de la fuerza y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos.

Lula, visiblemente molesto, pidió una investigación inmediata e independiente para determinar si hubo abuso policial. “No podemos naturalizar la muerte de decenas de personas como parte de un operativo exitoso”, expresó el mandatario en una conferencia en Brasilia. Sus palabras marcaron un claro contraste con el discurso de sectores conservadores que respaldan las acciones de las fuerzas de seguridad y exigen una política más dura contra el crimen organizado. El episodio, además, expone las tensiones internas dentro del propio gobierno entre quienes defienden una línea de orden y quienes priorizan la justicia social y los derechos humanos.

El operativo en Río revive un patrón que se repite en distintas regiones del país: las favelas siguen siendo escenario de enfrentamientos donde las víctimas son, en su mayoría, jóvenes de bajos recursos. Organizaciones civiles brasileñas denunciaron que las operaciones se realizan sin protocolos claros y que la policía actúa con impunidad en zonas históricamente marginadas. En ese sentido, la masacre de Río no solo es un hecho policial, sino un reflejo de la desigualdad estructural que atraviesa a Brasil desde hace décadas.

En el plano político, la reacción de Lula también tiene implicancias internacionales. Diversos organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respaldaron su pedido de investigación y recordaron que Brasil tiene compromisos pendientes en materia de seguridad pública y respeto al debido proceso. La postura del presidente busca recuperar la imagen progresista de su gobierno, afectada por presiones internas y por el ascenso de discursos autoritarios en el continente.

El impacto del operativo va más allá de las fronteras brasileñas. La violencia policial y la criminalización de la pobreza son temas recurrentes en América Latina, donde la seguridad se ha convertido en un argumento electoral y en una fuente de polarización. La condena de Lula puede interpretarse como un intento de reposicionar a Brasil como referente moral en la región, apelando a una visión más humana y menos represiva de la seguridad. Sin embargo, el desafío será transformar ese discurso en políticas efectivas que devuelvan la confianza a una ciudadanía cansada de promesas y muertes evitables.