La comunidad de Santa Rosa, en plena disputa territorial con Colombia, exige por primera vez atención estatal para sus necesidades básicas tras años de abandono.

En la remota isla de Santa Rosa, ubicada en el curso del río Amazonas y disputada entre Perú y Colombia, cerca de 3.000 habitantes viven sin agua potable ni sistema de desagüe. Dependen de ciudades colombianas y brasileñas para atención médica, debido al histórico abandono del Estado peruano. La disputa territorial resurgió tras un reclamo del presidente colombiano Gustavo Petro, lo que llevó a una visita de la presidenta Dina Boluarte, quien reconoció la negligencia histórica hacia estas comunidades.

Los residentes, orgullosos de su peruanidad y con lazos sociales y económicos sólidos con sus vecinos transfronterizos, expresan esperanza: esperan que este repentino foco en Santa Rosa sea el impulso necesario para acceder a servicios básicos y atención gubernamental luego de décadas de invisibilidad.

La situación de Santa Rosa emerge como un símbolo de la urgencia por redefinir la presencia estatal en zonas fronterizas vulnerables. Más allá de la tensión diplomática, lo que la comunidad demanda —infraestructura, salud, dignidad— pone en evidencia el déficit de políticas públicas inclusivas e integradoras, esenciales para prevenir conflictos y fortalecer la cohesión social.