La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, ha declarado que el país está “preparado para usar todo su poder” con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Esta determinación fue anunciada tras el despliegue de tres buques de guerra Aegis, más submarinos, aviones y unos 4 000 infantes de Marina en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos ha elevado la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del programa “Rewards for Justice”. En su argumentación, las autoridades estadounidenses califican al líder venezolano no como un presidente legítimo, sino como el líder de un cártel narcoterrorista.

La reacción del régimen venezolano no se hizo esperar: el gobierno acusó a Washington de orquestar una agresión encubierta contra la soberanía nacional. En ese contexto, se produjo la movilización de millones de milicianos y se intensificó la propaganda interna, calificando la ofensiva estadounidense como una estrategia de desestabilización imperial.

La combinación de despliegue militar, recompensas millonarias y acusaciones formales contra Maduro y su entorno han elevado la tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. La situación coloca a la región latinoamericana en una encrucijada, mientras Washington advierte que no detendrá sus esfuerzos hasta desmontar lo que considera una amenaza directa al hemisferio occidental.